MP afirma que está preparado para garantizar atención a la población

Por medio de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales autoridades del Ministerio Público a la población guatemalteca informa:

“Que, como institución encargada de promover la persecución penal, dirigir e investigar los delitos de acción pública, tiene la obligación, constitucional y legal de prestar un servicio público sin interrupción aún y cuando, mediante acciones ilegales se intente atentar contra la función constitucional de la institución”.

No obstante, ante los constantes atropellos e ilegalidades de los cuales ha sido objeto el Ministerio Público, para garantizar la atención a la población, el personal se encuentra debidamente coordinado para seguir cumpliendo con la misión institucional de velar por una justicia eficaz para Guatemala.

Es lamentable que grupos de personas quienes debiendo manifestarse a través de las vías legales correspondientes, tomen medidas que no solo atentan contra los derechos humanos de los usuarios y del personal, sino también de las víctimas del delito que demandan acceso a la justicia, toda vez que dichas acciones denotan posible inducción a delinquir, obstaculización a la acción penal, sedición y limitación del acceso a la justicia, entre otros.

Así también, al impedir el acceso a las instalaciones de la institución se violenta el derecho de defensa de las personas con citaciones programadas o seguimiento a expedientes en investigación. De igual forma, se promueve la obstrucción de poder cumplir con las medidas sustitutivas impuestas por los órganos Jurisdiccionales a las personas que enfrentan proceso penal, lo que conlleva que dichas personas podrían enfrentar repercusiones legales.

Fundamentalmente, todas estas acciones legalidades repercuten en el pueblo de Guatemala que demanda justicia, pues se ve limitado a denunciar los delitos en contra de la vida, extorsiones, robos, y demás acciones que les afectan, ya que a través de los bloqueos se está vedando este derecho fundamental del acceso a la justicia.

Es evidente que la pretensión de estas medidas ilegales es la destrucción de la democracia y el estado de Derecho, ya que existen vías legalmente establecidas para manifestar cualquier inconformidad sin transgredir los derechos de la población.

A este bloqueo a las instalaciones, para evitar que el Ministerio Público investigue, se unen una serie de hostigamiento informático y comunicados, que en desconocimiento de las investigaciones acosan la independencia fiscal, presuponiendo que el Ministerio Publico no pueda investigar denuncias recibidas en tomo a hechos cometidos en el ámbito electoral y realizar pesquisas cuando ta propia Constitución Política de la República. La Ley Electoral y de Partidos Políticos y la jurisprudencia de la propia Corte de Constitucionalidad claramente establecen, que los delitos y faltas en materia electoral se regulan por el Código Penal y es el Ministerio Publico el obligado a realizar las investigaciones. Este acoso informático también socava y debilita el Estado de Derecho.

Por tanto, el Ministerio Público lamenta profundamente este tipo de acciones ilegates que no solo vulneran gravemente los derechos de todos los guatemaltecos sino atentan contra la integridad de usuarios y el cumplimiento del mandato legal de la institución, lo cual pone en riesgo las investigaciones y el acceso a la justicia.

De esa cuenta, se reitera a la población que el Ministerio Público continuará garantizando el respeto de los derechos que asisten a todos los guatemaltecos a través del cumplimiento de su mandato legal y rechaza enérgicamente los bloqueos y acciones fuera de la ley que vulneran gravemente los derechos humanos de la población.