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Arévalo deroga Acuerdo Gubernativo que brindaba seguridad del Estado a exfuncionarios
El Gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, ha anunciado la derogación del Acuerdo Gubernativo Número 320-2023, que anteriormente instruía al Ministerio de Gobernación (Mingob) a brindar seguridad a exministros y secretarios de Estado. En su lugar, se ha publicado el Acuerdo Gubernativo Número 24-2024, el cual revoca expresamente las disposiciones del mencionado acuerdo del 27 de diciembre de 2023.
El presidente Arévalo ha reiterado a través de sus redes sociales que la seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía en general, y no de un grupo selecto. En este sentido, la derogatoria establece que los casos no contemplados en el nuevo acuerdo serán evaluados por la cartera del Interior, tras un análisis de riesgo realizado por la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC).
Se destaca que la derogatoria no afectará la seguridad proporcionada por el Mingob a aquellas personas que hayan prestado servicios al Estado y que, debido a la naturaleza de sus funciones y las decisiones tomadas, se haya determinado la necesidad de proteger su vida e integridad.
El documento especifica que, en casos de seguridad y justicia, las autoridades del Mingob, a través de la dependencia correspondiente, procederán a retirar el personal, así como los equipos y vehículos asignados a exfuncionarios y sus familias que no cumplan con los criterios de seguridad establecidos en el nuevo Acuerdo, previa evaluación de riesgo.
En cuanto a los detalles, el Artículo 1 del Acuerdo 24-2024 establece que se deberá proporcionar protección a personas que hayan ocupado cargos como Ministro de Gobernación, viceministros de Gobernación, director general del Sistema Penitenciario y director general de Inteligencia Civil, así como subdirectores generales de Operaciones, Investigación Criminal y Análisis de Información Antinarcótica de la PNC. El propósito es salvaguardar sus vidas e integridad ante riesgos o amenazas derivadas del ejercicio de sus funciones, pudiendo extenderse la protección a sus núcleos familiares.
Las autoridades competentes deberán determinar el nivel de riesgo al que están expuestos los exfuncionarios mencionados, así como la cantidad de elementos policiales, vehículos y equipo a asignar. La Dirección General de la PNC establecerá los lineamientos y el contenido del análisis de riesgo, que se llevará a cabo de manera única, para respaldar la decisión de otorgar medidas de seguridad personal.
Finalmente, se informa que el Acuerdo entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Diario de Centro América.
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