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Amparo de CC ratifica resultados electorales y MP seguirá en investigación

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo este jueves 14 de diciembre en respuesta a un amparo presentado por un grupo de ciudadanos y abogados, confirmando que la transición política debe continuar y los resultados electorales del proceso 2023 son válidos. En consecuencia, el pleno de la CC instruyó que todas las autoridades electas deben tomar posesión el 14 de enero de 2024, de acuerdo con los decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En su fallo, los magistrados enfatizaron la importancia de garantizar la efectiva toma de posesión de los funcionarios electos, instando al Congreso de la República y su Junta Directiva a actuar en conformidad con los principios de legalidad, alternabilidad en el ejercicio del poder, y el cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales.
Además, la CC exhortó al Legislativo a preservar el régimen democrático del Estado, observando los valores fundamentales de la justicia, seguridad y paz. Asimismo, se recordó la necesidad de llevar a cabo la renovación de los integrantes del Organismo Ejecutivo y el Legislativo el 14 de enero de 2024, con base en los resultados avalados por el TSE.
En relación con las investigaciones en curso sobre presuntas irregularidades en las Elecciones Generales 2023, la CC resolvió que las decisiones tomadas no afectan las facultades de investigación, persecución y acusación del Ministerio Público (MP) y los jueces del orden penal. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), encargada de dichas pesquisas, continúa su trabajo, habiendo señalado anteriormente casos de sabotaje y alteración de documentos que podrían afectar la validez del proceso electoral.
La CC hizo hincapié en que su fallo no limita las facultades del Tribunal Supremo Electoral para tomar decisiones en casos en los que se presenten evidencias serias que incidan en el ámbito de las organizaciones electorales.
Además, se advirtió que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el fallo podría conllevar responsabilidades civiles y penales para los involucrados.