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Presidenta del TSE dice desconocer los detalles de la orden del juez Orellana para investigarla

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Presidenta del TSE Blanca Alfaro

En la audiencia celebrada el martes 13 de febrero en el marco del caso Corrupción Semilla, el juez Fredy Orellana dictaminó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad deberá investigar a Blanca Alfaro, magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta medida se tomó a raíz de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, que señaló a Alfaro por expresar su respaldo a los empleados de la entidad durante un allanamiento en la sede central.

Respuesta de Blanca Alfaro:

Blanca Alfaro, en respuesta a esta orden, manifestó que aún no tiene conocimiento detallado de la resolución emitida por Orellana. En relación con las visitas realizadas a las trabajadoras del TSE, la magistrada explicó que, en su calidad de líder del ente electoral, ha mostrado empatía hacia las “cuatro jovencitas” que enfrentan el proceso judicial.

Las empleadas vinculadas al caso son Jenifer Escobar y Alma Posadas, del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrón, así como Luz Elena De León y Katherine Quezada, de la Dirección Administrativa del TSE. Este martes, las cuatro fueron ligadas a proceso penal, con dos de ellas optando por el procedimiento abreviado al aceptar cargos por el delito de incumplimiento de deberes.

Blanca Alfaro enfrenta señalamientos por parte de la Fiscalía, siendo investigada por la presunta comisión de los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes. Rafael Curruchiche, fiscal a cargo, detalló los motivos que respaldan dicha persecución penal, señalando que los fiscales de la FECI fueron agredidos física y verbalmente no solo por Alfaro, sino también por otros magistrados del TSE, durante el allanamiento.

En cuanto al incumplimiento de deberes, Curruchiche destacó que se ha evidenciado que Alfaro debió actuar en un momento específico y no lo hizo. Subrayó que, en la investigación, se documentó que a las 7:28 horas del 25 de junio, fecha de las elecciones, ya se habían cargado votos y datos al sistema informático, mientras muchos ciudadanos aún dormían, un aspecto que considera crucial en el desarrollo del caso.

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