Movimiento Semilla impugnará la cancelación de su personalidad jurídica

Movimiento Semilla, el partido oficialista que llevó al poder al presidente Bernardo Arévalo, anunció su decisión de impugnar la cancelación de su personalidad jurídica, ordenada por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras una resolución del juez penal Fredy Orellana.

La notificación oficial de la cancelación fue emitida el viernes 29 de noviembre, después de que el TSE cumpliera con la orden judicial. Según los miembros del partido oficialista, la resolución es ilegal y una violación de sus derechos, ya que no se les otorgó un plazo adecuado para presentar pruebas de descargo, lo que consideran una flagrante irregularidad en el proceso judicial.

“Esta medida es ilegal y estamos seguros de que la vamos a revertir”, afirmó Andrea Reyes, diputada oficialista, durante una conferencia de prensa. La bancada oficialista, que cuenta con 23 de los 160 diputados en el Congreso, ha decidido recurrir ante los magistrados del TSE, quienes deben ratificar la decisión antes de que esta se haga efectiva.

La cancelación se basa en un proceso judicial por supuestas anomalías en la formación del partido en 2018, que incluye el uso de datos falsos y financiación ilegal. El juez Orellana, junto con el Ministerio Público (MP), utilizó las aceptaciones de cargos de varios miembros del partido, algunos de los cuales se encuentran en prisión, para justificar la anulación de la agrupación.

Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por Movimiento Semilla, no solo por el fondo de las acusaciones, sino también por la legitimidad del juez Orellana, quien ha sido señalado a nivel internacional por actos de corrupción relacionados con su intervención en el proceso electoral de 2023, en el que resultó electo Arévalo.

La situación adquiere un matiz aún más tenso debido a las implicaciones políticas que conlleva la cancelación del partido. Si la medida se mantiene, Semilla perdería el estatus de bloque parlamentario, lo que les impediría formar parte de la junta directiva del Congreso, donde actualmente no pueden ejercer influencia desde enero de 2024, cuando el presidente asumió el cargo.

En respuesta, los diputados oficialistas han logrado consensuar en el Congreso una reforma a la ley de delincuencia organizada, buscando anular el código que los ha mantenido suspendidos en su capacidad de formar la junta directiva desde la toma de posesión de Arévalo.